Estas instrucciones tienen por objeto concretar las actuaciones que deben realizar los centros, para lo cual se
distingue entre las situaciones de ciberacoso por parte de una persona
adulta hacia el alumnado y los casos de ciberacoso entre menores.
Se establece paso a paso cómo debe actuarse de forma organizada y coordinada para prevenir situaciones de riesgo, sensibilizar frente el acoso y lograr minimizar los efectos de estas acciones cuando ocurran, a la vez que se propicia el uso seguro y responsable de internet y las TIC.
Para la aplicación del protocolo se constituye un equipo provincial de seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso, que
estará integrado por la jefatura de servicio de Ordenación Educativa,
un inspector o inspectora designada por la Delegación Territorial de
Educación, el gabinete de asesoramiento sobre la convivencia escolar y la igualdad y una persona representante del equipo de orientación especializado en la atención al alumnado con trastornos graves de conducta en aquellos casos en los que puedan estar implicados estudiantes con este tipo de problemas.
Las instrucciones incluyen también otras novedades que atañen a la identificación de los casos de ciberacoso, que con frecuencia forman parte o tienen su origen en una situación previa de acoso escolar, e igualmente se relacionan las conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo y las consecuencias para la víctima, el agresor y los compañeros-compañeras.
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